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Dic 01

El soborno cubano

El pequeño acto de soborno es una práctica habitual en la relación profesional que se ha establecido entre algunos cuentapropistas cubanos y las diferentes redes de inspectores estatales que tienen a su cargo el control de los negocios privados en el mercado cubano.

En muchos casos el soborno es un recurso inmediato al que recurre el cuentapropista para protegerse de la acción legítima del inspector, sin pensar si su conducta como trabajador se ajusta o no a las normas establecidas para los cuentapropistas en su gestión.

Algunos inspectores han utilizado su condición de funcionarios del estado como una especie de patente de corso para reclamar ventajas y prebendas de los diferentes trabajadores de su zona de atención. Sin embargo, es de destacar la actitud digna de la mayoría de los cuentapropistas y de los inspectores que ajustan su conducta a las normas de legalidad y respeto por el orden social imperante.

También llamado Cohecho

El nombre que el acto de soborno de este tipo recibe dentro de la ciencia jurídica contemporánea es el de Cohecho.

El Código Penal cubano mantiene vigente la figura delictiva que tipifica el cohecho, como una actitud reprochable que resulta perseguida como delito y que implica sanciones fuertes para los autores, tanto para el sujeto activo, (el que paga), como para el sujeto pasivo, (el que cobra). La sanción se hace atendiendo a su naturaleza y no a los montos ni las sumas involucradas. Quiere decir que la sentencia no guardará proporción por la cuantía del soborno, sino por el mero hecho de participar en semejante conducta.

La Ley No. 62 de la república de Cuba, conocida como Código Penal, establece en su artículo 152.1:

  1. El funcionario público que reciba, directamente o por persona intermedia, para sí o para otro, dádiva, presente o cualquier otra ventaja o beneficio, con el fin de ejecutar u omitir un acto relativo a sus funciones, incurre en sanción de privación de libertad de cuatro a diez años.
  1. Si el hecho consiste en aceptar el ofrecimiento o promesa de dádiva, presente u otra ventaja o beneficio, la sanción es de privación de libertad de dos a cinco años o multa de quinientas a mil cuotas o ambas.
  1. Si el funcionario a que se refiere el apartado 1 exige o solicita la dádiva, presente, ventaja o beneficio, la sanción es de privación de libertad de ocho a veinte años.
  2. El que dé dádiva o presente, o favorezca con cualquier otra ventaja o beneficio, o le haga ofrecimiento o promesa a un funcionario para que realice, retarde u omita realizar un acto relativo a su cargo, incurre en sanción de privación de libertad de dos a cinco años o multa de quinientas a mil cuotas o ambas.
  1. En iguales sanciones incurre el que, con el carácter de perito o auditor, realice los hechos descritos en los apartados anteriores.
  1. Si los hechos descritos en los apartados 1, 2 y 3 se realizan por un empleado público, las sanciones aplicables son las previstas, respectivamente, en esos apartados, pero el tribunal podrá rebajarlas hasta la mitad de sus límites mínimos si las circunstancias concurrentes en el hecho o en el autor lo justifican.
  1. El funcionario o empleado público que, con abuso de su cargo o de las atribuciones o actividades que le hayan sido asignadas o de la encomienda que se le haya confiado, obtenga beneficio o ventaja personal de cualquier clase, incurre en sanción de privación de libertad de cuatro a diez años, siempre que el hecho no constituya un delito de mayor entidad.
  1. En los casos de comisión de este delito podrá imponerse además, como sanción accesoria, la de confiscación de bienes.

El cuerpo de inspectores estatales que se vinculan a la gestión de los cuentapropistas son funcionarios públicos del Estado. Ofrecerles a estos inspectores pagos en dinero o en bienes, para que se abstengan de realizar sus funciones, convierte al cuentapropista, de inmediato, en autor de un delito de cohecho y puede ser sancionado con la severidad que la Ley establece.

Además, al ser acusado de este delito, pierde automáticamente la condición de cuentapropista y pueden ser confiscados los bienes vinculados a la actividad que trataron de proteger con semejante acto.

Quiere decir que si se trata de un taxista puede perder el auto o si es un negocio que se realiza en el domicilio personal del cuentapropista pueden poner en peligro el inmueble que habita.

El cohecho es una conducta reprochable moralmente y una corrupción que atenta contra el orden social y el desarrollo de la nación.

El respeto a la norma y a la disciplina laboral regulada por los diferentes cuerpos legales que amparan la actividad del cuentapropista, es la conducta que debe primar en cada cuentapropista, asumir esta posición ofrece todas las garantías para los trabajadores independientes cubanos. Una persona que se ajuste a la disciplina laboral que se reconoce como norma de conducta social no tiene por qué temer a la presencia de los inspectores.

Un inspector que cometa semejantes violaciones debe ser rechazado en sus pretensiones y denunciado ante las autoridades competentes.

El cohecho no debe caber dentro de la actividad cuentapropista, son aparentes soluciones temporales para un problema que no tendrá final. Es una especie de enfermedad degenerativa que ataca la conciencia y el respeto por uno mismo.